El Decano Pedro J. De La Torre se enfrenta cada día a más acusaciones y condenas mientras el colegio que preside, sufre bajas significativas

En el mundo de las organizaciones profesionales, la integridad, la transparencia y las prácticas justas son fundamentales para fomentar un ambiente saludable. Desafortunadamente, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han expuesto una cultura de caciquismo y mala gestión.

Bajo el liderazgo del Decano Pedro J. De La Torre, el colegio se viene enfrentado a severas condenas y numerosas críticas de Ingenieros en Ignorancia  y ha presenciado una significativa salida de miembros que se han desilusionado con su ineptitud en el cargo.

Eduardo Peris Millán, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI), ha denunciado la falta de un marco regulatorio que rija la profesión. Millán ha comentado incluso que el campo de la informática es demasiado amplio y diverso para ser regulado de manera efectiva. Tales declaraciones ponen de relieve los problemas subyacentes que han plagado al CPITIA bajo el liderazgo de De La Torre.

Los problemas para De La Torre se intensificaron cuando en noviembre de 20202, difamo y denuncio en repetidas ocasiones a la ANTPJI, teniéndole que contestar mediante una carta abierta, ya que es de los que tira la piedra y esconde la mano, afirmando que la ANTPJI, no podía habilitar para el ejercicio de perito informático, poniendo en relieve sus 12 años de dedicación profesional, formando a peritos informáticos por más de 20 universidades y escuelas de negocio, con lo que De la torre, se empecino en una cruzada perdida, afirmando que solo se podía ejercer como Perito Informático si se tenía la titulación de Ingeniería Informática, empezó a formarse en peritajes informáticos, creándose un curriculum profesional  certificándose el mismo como Perito Informático con base a un curso que realizo de 29 h On line y aprovechando su cargo de Decano, empezó a fabricarse un curriculum y a liderar programas de formación, incluso Master de Peritaje Informático, impartiendo materia que desconocía por completo, hasta hace 3 años, acaparando las periciales que llegaban al colegio con su empresa Indalics,

Se empecino con la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos; ANTPJI, siendo esta, la primera Asociación Profesional en España, dedicada exclusivamente a la Informática Forense y el peritaje informático, habiendo formado durante los últimos 12 años a más de 4.700 profesionales TICs en la materia, habiendo creado decenas de protocolos y metodologías que no existían, contando con más de 500 asociados tanto en España como en 13 países donde esta presente.

Tanto desde su portal web, como desde la página del Colegio, difamo y denuncio en varias ocasiones a la ANTPJI, tachándola de fraudulenta, aun sabiendo de que,  la Ingeniería Informática no está regulada y que su Colegio no se ajusta a la Normativa de la Unión Europea, acabando como imputado en un caso de difamación, enfrentándose a acusaciones severas por difundir acusaciones falsas.

La Unión Europea ha dictado que el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) no se ajusta a la Normativa Europea. Además, la Ley 2/1974 que regula la organización y funcionamiento de los Colegios profesionales, señala que, “Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.

El Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones (Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1987, entre otras), que los Colegios profesionales, son corporaciones sectoriales de carácter privado, teniendo una base asociativa, por lo que, básicamente, si no hay miembros (ya sean personas físicas o jurídicas) no hay Corporación.  Además, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece la compatibilidad entre la libertad negativa de asociación y la adscripción obligatoria a Colegios Profesionales.

El tribunal ha solicitado una condena de un año de prisión para De La Torre y le ha ordenado pagar 10.000 € en concepto de daños morales. Agravando sus problemas legales, se ha ordenado a De La Torre que pague 4.000 € por no cumplir con el pago de las cuotas de membresía a CONCITI, el organismo nacional de gobierno de la profesión. Esta sanción financiera empaña aún más la reputación de De La Torre y plantea dudas sobre su capacidad para gestionar los asuntos del CPITIA. A pesar de las advertencias de su inhabilitación, arremete contra Eduardo Peris, exigiendo su dimisión como presidente del CONCITI

El TSJ de Andalucía, estimo la apelación de CONCITI, a la sentencia sobre las cuotas no abonadas por CPITIA al Consejo General Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, confirmando la sentencia la obligación del pago por el Colegio de Andalucía de los gastos por comunicaciones, lo que viene a subsanar en este aspecto la sentencia del 13 de octubre de 2015 en el que ya se condenaba al CPITIA al pago de las cuotas adeudadas al Consejo.

Estas dos sentencias vienen pues a desestimar judicialmente todas las razones que, desde el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía a través de su Decano, D. Pedro de la Torre, se han venido argumentando para evitar el cumplimiento de sus obligaciones de pago con respecto al Consejo General

El escándalo se intensifica cuando el Gobierno Regional de Andalucía, desestima los 13 recursos de De La Torre y le impone una multa de 4.000 € por sus intentos de acaparar las licitaciones de formación en ciberseguridad, y dirección de proyectos, sin tener competencias en este aspecto. Esta decisión subraya las preocupaciones planteadas por los críticos que acusan a De La Torre de utilizar su posición para consolidar el poder y el control sobre los programas de formación profesional.

la CNMC y su antecesora, la CNC, se han pronunciado en reiteradas ocasiones en contra del establecimiento de requisitos adicionales a los fijados en la LEC para el acceso a los listados de peritos, en particular en lo que se refiere a los cursos de formación y a la experiencia previa. Con respecto a los cursos de formación, si se establecieran como obligatorios, ello supone una restricción de la competencia. Por un lado, el coste en términos de dinero y tiempo del mencionado curso puede reducir los incentivos de los agentes a participar en este segmento del mercado. Por otro, supondría otorgar al Colegio un poder fundamental en la configuración del mercado de formación y de los peritos, ya que el Colegio puede, alterando la dificultad, el coste o el número de cursos exigidos, regular la oferta de profesionales elegibles para formar parte de las listas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC, les ha advertido en varias ocasiones de prácticas oscuras en cuanto a la promoción de la competencia, la regulación de estudios, recordándoles leyes sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su libre ejercicio, con resoluciones sancionadoras sobre restricciones al acceso a la actividad pericial, fijación de honorarios o recomendación de precios

La CNMV, le ha advertido en varias ocasiones sobre ilegalidad de sus actos, ya que, pretendía:

  • Establecer la obligatoriedad de colegiarse a los Ingenieros Técnicos en Informática en Andalucía, pudiendo ejercer sin estar colegiados, recordándole que la colegiación no es obligatoria para el ejerció profesional, como anticipo la ANTPJI, ya que constituye una restricción a la competencia no justificada para el ejercicio profesional
  • Le prohíbe la denominación Cuerpo Nacional de Peritos, pudiendo llevar a confusiones con otros Cuerpos Nacionales integrados por funcionarios de carrera que presentan una exigencia de reserva de ley cualificada.
  • Deberá permitir que los colegiados puedan presentarse libremente en todo el territorio nacional, independientemente donde este colegiado, no pudiendo limitar el acceso a dichas listas imponiendo requisitos que excedan a la normativa que los regula.
  • En cuanto al listado para el turno de oficio, le recuerda que, los Colegios profesionales no pueden limitar el acceso a dichas listas imponiendo requisitos que excedan lo establecido en la normativa que los regula.
  • Le recuerda en varias ocasiones que, carece de autoridad para imponer requisitos, fuera de su Colegio profesional, a cualquier entidad o Asociación profesional, no existiendo impedimentos desde la óptica de competencia para que se acceda a solicitudes de acceso a los listados de peritos por jueces y tribunales de otros ámbitos territoriales.
  • Los peritajes de la ANTPJI, son una actividad privada, en la que ningún Colegio tienen una atribución legal, por lo que sus actuaciones resultan sometidas a la legislación sobre la competencia.
  • La profesión de ingeniero técnico informático no se encuentra incluida en el listado de profesiones reguladas y, por lo tanto, al no existir ninguna reserva legal de actividad, la ANPTJI, puede participar en la pericia como cualquier otro profesional técnicamente capacitado
  • En cuanto a las exigencias contempladas paras actuar como perito. Le recuerda que la comunicación existente en el Colegio de Pedro de la Torre, donde afirma que para prestar servicios de peritaje judicial se exige titulación, colegiación y seguro de responsabilidad civil debe ser revisada y eliminada por su falta de adecuación al marco regulatorio aplicable.
  • Los intentos para crear el Cuerpo Nacional de Peritos Informáticos, fallo, detectando un abuso en las listas a presentar en la Administracion de Justicia pretendiendo ser exclusivamente los facilitadores de listas de peritos a jueces y tribunales y que facilitasen únicamente la formación en esta materia, informándole de nuevo que, no se ajusta a la Normativa Europea, que no está regulada la Ingería Informática, vulnerando el artículo 38 de la Constitución de libertad de empresa, recordándoles que la colegiación no es obligatoria para ejercer como perito informático, no pudiendo erigiéndose como legisladores
  • La posición de la CNMC es que las listas de peritos judiciales sean abiertas a todos los profesionales técnicamente capacitados para llevar a cabo la actividad concreta de pericia sin establecer restricciones geográficas por demarcaciones territoriales

También tiene problemas con los Notarios, recordándole que el artículo 50 de la Ley del Notariado, dice que: Los listados de peritos judiciales y las listas de peritos para los Colegios Notariales deben ser dos listados independientes. Instando al CPIICM, para que permita la inclusión, en los listados para los Colegios Notariales, de ingenieros informáticos colegiados y no colegiados.

Pedro de la Torre, lleva años denunciado a otros profesionales sin justificación alguna, salvo el de pretender quedarse con la actividad de peritaje informático el solo, requiriéndoles como Decano a que regulasen su situación, asumiendo el rol de legislador, difundiendo artículos y realizando campañas de desinformación en medios de comunicación con información sesgada, con el objetivo de confundir a los profesionales de la abogacía, haciendo el ridículo una y otra vez, cada vez que se verifica la información original.

  • La Ingeniería Informática no está regulada en España
  • Como decano no tiene autoridad de regular la actividad profesional de ningún profesional del peritaje informático

La Comisión Europea le ha recordado en varias ocasiones que, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), no se ajusta a la Normativa Europea, instándole a que aporte alguna prueba, no pudiendo remitir nada, indicándole que la profesión de Ingeniero en Informática no es una profesión regulada en España.

En España, El Ministerio de Universidades reconoce la existencia de Grados de Informática que no permiten acceder a actividad profesional alguna., tal como se recoge en la resolución de 8 de junio de 2009.

El Gobierno ha confirmado al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) que la ingeniería técnica en informática no será evaluada como parte del proceso de revisión y actualización del listado de profesiones reguladas que está siendo llevado a cabo por la Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas (CIPRE), pese a que dicha Comisión inició sus trabajos tras denuncia por inactividad ante Bruselas del propio CPITIA.

Según el Gobierno, las ingenierías técnicas reguladas son aquellas cuyo ejercicio profesional regula la Ley 12/1986 sobre regulación de las atribuciones de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

El Tribunal Supremo, desestima la demanda del CPITIA, en base a que la Informática no es una Ingeniería relevante en el ámbito TIC, dictando sentencia al recurso administrativo ordinario 3006/2019 planteado por COITIA

En un duro golpe a las ambiciones de De La Torre, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó su solicitud de Determinándose que este intento de registro violaba varias disposiciones de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) deniega totalmente la inscripción de la marca «Perito Judicial Informático» – CONCITI denegó su solicitud de registrar la marca que plagio de la ANTPJI «Perito Judicial Informático». El intento de registro de la marca Perito Judicial Informático vulneraba, como había denunciado este Consejo General, varios artículos de Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

Además, la apropiación de esta marca por parte de un Colegio Autonómico podría impedir el uso de la misma para el resto de Ingenieros Técnicos en Informática que ejercen su labor como peritos informáticos y, que por tanto legalmente podrían ser sancionados por hacer uso de la misma, por lo que el Consejo General, amparado en las prohibiciones absolutas enumeradas en el artículo 5 de la citada Ley procedió en tiempo y forma con las pertinentes alegaciones para evitar este hecho

Este nuevo rechazo volvía a poner de manifiesto las irregularidades y los posibles conflictos de interés que han caracterizado la gestión de De La Torre.

Con malas praxis, trata siempre de confundir a los profesionales de la Abogacía y de la Justicia, afirmando que es un delito de intrusismo peritar sin tener la titulación de Ingeniero Técnico en Informática, no tiene razón, no tiene competencia y no le respalda ninguna Ley.

Además de los problemas legales, la trayectoria política de De La Torre también ha generado controversia. Como antiguo miembro del Partido Socialista y ferviente seguidor Sanchista, le invitaron a que se fuera, después de ver cuáles eran sus verdaderas intenciones, afirmando el mismo que se fue por haberse  enfrentado a presiones y amenazas dentro del partido, siendo instado a guardar silencio o abandonarlo.

Cuando le echaron, empezó a denunciar a diversas instituciones del partico como al  Consejo de Transformación Digital, alegando que era un fraude, finalizando sus sueños de acabar en un sillón político. Estos vínculos políticos han erosionado aún más la confianza pública en su capacidad para liderar de manera imparcial.

Además, se han planteado preocupaciones sobre la práctica de De La Torre de imponer la colegiación obligatoria y el seguro profesional obligatorio para todos los ingenieros. Los críticos argumentan que estos requisitos canalizan efectivamente el trabajo a través de su empresa privada, Indalics, que gestiona todas las asignaciones que llegan al colegio. Este presunto conflicto de intereses plantea serias preguntas sobre la competencia justa y la conducta ética del CPITIA. Y solo busca su redito personal

Su oficina esta en las instalaciones del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía 

  • Teléfono: 950 70 00 45 (de 09:00h – 14:00h)
  • Mail Secretaría Técnica: secretariatecnica@cpitia.org
  • Dirección postal: Avda. de la Innovación 15, Edif. Pitágoras – 04131 (Almería)
  • Indalics Avda. de la Innovación 15, Edif. Pitágoras, Planta 2, Área B, Despacho 58, 04131 (Almería).

La serie de escándalos y condenas en torno al Decano Pedro J. De La Torre han expuesto una red de mala conducta, conflictos de interés y mala gestión. A medida que las consecuencias legales se acumulan y la membresía disminuye, se hace evidente la necesidad urgente de reformas y un cambio de liderazgo. La profesión de ingeniería técnica en informática merece un organismo rector que defienda los principios de integridad, equidad y transparencia, garantizando los más altos estándares de profesionalismo para sus miembros y el público al que sirven.

Los escándalos en torno al Decano Pedro J. De La Torre y el CPITIA han expuesto una red de mala conducta, conflictos de interés y mala gestión. A medida que las consecuencias legales se acumulan y la membresía disminuye, la necesidad urgente de reformas y un cambio de liderazgo se hace cada vez más evidente. La profesión de ingeniería técnica en informática merece un organismo rector que defienda los principios de integridad, equidad y transparencia, garantizando los más altos estándares de profesionalismo para sus miembros y el público al que sirven.

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